ECOCEANOS APOYA A SENADORES QUE LLEVARÁN LEY SALMONERA A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La razón es que en forma gratuita y perpetua, pero solo para ciertas empresas salmoneras, el Parlamento aprobó una ley que transforma Bienes Nacionales de Uso Público, como son las concesioes acuícolas, en propiedad privada de las compañías para que estas las puedan hipotecar en los bancos y así pagar su millonaria deuda de más de 2.000 millones de dólares. Varios Senadores han anunciado que recurorirán a este tribunal para que revise la constitucionalidad de esta medida. El senador Girardi anunció que esta semana sus abogados tendrían listo una propuesta para ser presentada al Tribunal Constitucional

Santiago de Chile, 16 de Marzo de 2010. (Ecoceanos News)— El centro Ecoceanos afirmó hoy que dará todo su apoyo a los senadores y diputados que han anunciado que recurrirán al Tribunal Constitucional para que revise la constitucionalidad de la recién aprobada modificación a la Ley de Pesca y Acuicultura que permite a las compañías salmoneras hipotecar en los bancos acreedores las concesiones acuícolas que son Bienes Nacionales de Uso Público.

Quién primero anunció que recurrirá al alto tribunal fue el senador Guido Guirardi (PPD) quién afirmó que “lo que está ocurriendo es que se está  se privatizando el mar.  Esto es inconstitucional, por lo que vamos a  recurrir al Tribunal Constitucional”.

"El mar y el borde costero se entregarían en concesión a privados, pero éstos podrían dejar en garantía estas concesiones a través de hipotecas a los bancos, lo que desde mi punto de vista constituye una anomalía grande, una violación del derecho de todos, una suerte de expropiación para favorecer a grupos económicos como la salmonicultura que son responsables de la crisis que afectó a ese sector", señaló el parlamentario.

Asimismo, dijo que la norma planteada en el proyecto de ley de pesca es discriminatoria.

"No todas las empresas tienen acceso a ese tipo de situaciones, por eso que esta norma es inequitativa y desigual, porque si mañana un pequeño empresario quiebra no va a poder entregar en hipoteca la plaza que tiene frente a su casa o un parque nacional, porque son bienes nacionales de uso público. Por tanto, esta es una anomalía que solo se hace para privilegiar a un determinado grupo y no a todos los sectores que están en situaciones similares en este país", sentenció.

El senador Girardi advirtió que "este es un tema serio y nuestros abogados están preparando una presentación para el Tribunal Constitucional".
Pero ya varios otros senadores habían anunciado hace unas semanas la misma orientación, tal como lo señaló en enero los senadores Alejandro Navarro y el senador por Magallanes Jorge Muñoz Aburto.

El polémico proyecto de ley fue aprobado el 10 de marzo por la Cámara de diputados por 51 votos a favor y 21 en contra,  y el mismo día en el senado por 20 votos a favor y 6 en contra.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Respaldando la iniciativa anunciada por el senador Guirardi , Ecocéanos señaló este lunes que “esta vergonzosa y excluyente ley que fue  aprobada 24 horas antes que finalizara el gobierno de Michelle Bachelet y a 11 días del tsunami que destruyó la mayoría de las áreas costeras del centro-sur del país, tiene como real objetivo el  otorgar certeza jurídica a los bancos acreedores  sobre la constitución y ejecución de garantías –que en este caso son bienes públicos-, de manera de asegurarles el pago de la billonaria deuda privada de 2.500 millones de dólares contraída por el empresariado salmonero”.

La organización ciudadana, miembro de la coalición “No a la privatización de nuestro Mar”, alertó que “paradojalmente, a pesar de toda la palabrería, esta ley mantiene la débil e ineficaz regulación ambiental, sanitaria y laboral. Por lo tanto, la industria salmonera continuará externalizando los costos derivados de la crisis ambiental, sanitaria y social debido a décadas de malas prácticas corporativas y la falta de regulación Estatal”.

LEY INCONSTITUCIONAL
La Coalición ciudadana  “No a la privatización de nuestro mar” señaló su pleno respaldo a la iniciativa de concurrir al  Tribunal Constitucional para determinar la constitucionalidad de la ley que hipoteca bienes nacionales de uso público para asegurar el pago de deudas privadas.

La coalición alertó que  mediante la utilización de débiles “medidas sanitarias, el Estado favorecerá a las grandes compañías del salmón del Atlántico, por sobre otras actividades productivas locales, tales como el turismo, la pesca artesanal o los cultivos de mitílidos o algas”.

El establecer la preferencia de una especie introducida por sobre otras, se conformaría una situación de control territorial y uso económico de carácter monopólico, el que  vulneraría el principio de igualdad ante la ley contenida en la Carta Fundamental.

“Que el Estado establezca diferencias arbitrarias en el derecho a desarrollar cualquier actividad productiva  afecta el principio de libertad económica, consistente en la no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica, lo que  se encuentra consagrada como garantía en la constitución del Estado”, agregó la organización ciudadana.

Esta ley también genera graves precedentes ya que en el futuro las concesiones de uso del espacio aéreo nacional también podrían ser hipotecadas frente al sistema financiero por líneas aéreas como Lan Chile.

Estos Bienes Nacionales de Uso Público, vía ejecución de la deuda, pasarán a manos de bancos y transnacionales noruegas, japonesas y españolas, mediante el establecimiento de un especulativo mercado secundario de compra y venta de concesiones de acuicultura en el litoral de Chiloé, Aysén y Magallanes.

Fuente: Ecoceanos