Oportunismo Concertacionista y el desafío de una nueva etapa en la relación Gobierno-ciudadanía.
La inédita respuesta del Presidente Piñera a la creciente ola de protesta desatada por la aprobación a la Termoeléctrica Barrancones ha provocado reconocimientos y críticas. Entre las últimas destacan cuestionamientos por haber intervenido una decisión tomada por las autoridades responsables, como parte de un proceso de calificación de nuevas inversiones dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia), el que llevaba tres años. Estas críticas argumentan que el accionar de Piñera afectó la estabilidad y credibilidad de las instituciones ambientales, además de dañar la imagen del país y de comprometer la certidumbre jurídica requerida para atraer inversionistas.
Viniendo de personeros de derecha y del sector empresarial, tales críticas en nada sorprenden. Sus argumentos son coherentes con la posición que históricamente han sostenido en cuestiones ambientales. Sin embargo, viniendo de políticos y líderes de sensibilidad concertacionista tales opiniones desconciertan. En particular de aquellos que como el senador Lagos-Weber se sumó a exigirle a Piñera que cumpliera su promesa de campaña, de no apoyar la aprobación del proyecto cuestionado, y que un par de días más tarde reclamó airado por el daño irreparable provocado a las instituciones ambientales por la decisión presidencial de pedir su re-localización. ¿Qué respuesta esperaba el senador Lagos-Weber cuando le pedía al Presidente que rechazara un proyecto ya aprobado por una Corema? ¿Cuál era su propuesta sobre las opciones que tenía el Presidente? ¿Cuál era la propuesta de la señora Tohá, del PPD o del diputado Díaz, del PS, que oriundos protestaron por las calles de Santiago amenazando a Piñera con toda suerte de artillería legal por haber traicionado a los ciudadanos?
Tal vez lo que buscaban era sacar una tajada del descontento social en propio beneficio, contribuyendo de paso a poner en duda la confiabilidad de la palabra empeñada por Piñera. Tal vez, el valor ambiental de la reserva natural de Punta de Choros realmente no les importaba demasiado. Tal vez tampoco estaban interesados en que esta experiencia generara aprendizajes para prevenir otras decisiones ambientalmente erradas en el futuro. Tal vez no comprendieron bien el concepto ecológico y jurídico de área protegida, o la relevancia del ordenamiento territorial en la prevención de conflictos ambientales.
Eso es lo que tenemos derecho a pensar quienes hemos vivido en carne propia la larguísima lista de arbitrariedades ambientales cometidas por los gobiernos de la Concertación. Porque si hablamos del daño causado por las intervenciones de los Presidentes en las decisiones del Seia debemos recordar algunos hechos. Como que el ahora senador Frei y ex candidato presidencial de la Concertación –a quien le correspondió poner en marcha la institucionalidad ambiental del país– siendo Presidente entregó su respaldo público a varios proyectos que, no sólo no habían concluido su proceso de evaluación en el Seia, sino que habían sido declarados ambientalmente inviables por los respectivos Comités Técnicos de las Coremas.
Uno de los casos más emblemáticos es el de la Planta de Celulosa Valdivia de Celco-Arauco, que habiendo sido rechazada por el Comité Técnico de la Corema de Los Lagos debido a los daños que podía causar en el Santuario del Río Cruces –área protegida adscrita al sistema nacional y a la Convención Ramsar– fue fuertemente apoyada por Frei lo que obligó a su autorización. Pero no es el único caso. Exactamente lo mismo hizo Frei con los proyectos Trillium y Ralco, entre otros.
Actuaciones igualmente graves que dañaron la credibilidad en las instituciones ambientales realizaron Lagos y Bachelet. Siguiendo con el caso del conflicto valdiviano, el gobierno de Lagos autorizó a Celco-Arauco a continuar descargando al Río Cruces hasta el día de hoy grandes volúmenes de compuestos químicos directamente vinculados con el desastre y para los cuales la empresa no contaba con autorización legal, pues no los había declarado ni evaluado en el Seia. La autorización administrativa que le entregó el gobierno de Lagos contravino la recomendación técnica de los servicios ambientales competentes que habían concluido –lo mismo que la Corte de Apelaciones de Valdivia– que legalmente correspondía realizar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Bachelet, por su parte, se comprometió mientras era candidata a responder la solicitud de los valdivianos de exigirle a Celco-Arauco cumplir el orden jurídico y someter su planta a un nuevo EIA. Aún esperamos su respuesta. Pero no sólo eso. A su gobierno le correspondía poner en marcha un plan de recuperación del Santuario valdiviano comprometido con la Convención Ramsar y una Norma de Calidad Secundaria para el Río Cruces. Ninguna de las dos medidas registra avances relevantes.
El recuento de incumplimientos, ilegalidades e intervención política de las instituciones ambientales podría extenderse hasta el cansancio con este y muchos otros casos ocurridos durante los últimos 20 años. Lo que de ellos se desprende es que para los gobiernos de la Concertación la defensa del medio ambiente y las demandas ciudadanas por perfeccionar las instituciones ambientales no estaban entre sus prioridades. De ello hay muestras de sobra.
De hecho, la flamante reforma ambiental impulsada por el gobierno de Bachelet omitió aspectos fundamentales que, de haber sido considerados podrían incluso haber evitado la aprobación de la Termoeléctrica en Punta Choros. Entre ellos destacan la evaluación de alternativas de localización de proyectos dentro del Seia y el ordenamiento ambiental del territorio, ambas correctamente puestas por Piñera al centro de la discusión como herramientas fundamentales para prevenir conflictos entre usos del suelo.
La respuesta de Piñera –con todas las suspicacias que pueda generar el procedimiento utilizado– tiene el mérito de haber respondido con rapidez a la justa demanda ciudadana pidiendo a la empresa que considere una nueva localización, sujeta a las alternativas ambientalmente viables que serán propuestas por las autoridades. Es decir, intentando salvar los vacíos heredados de los gobiernos anteriores, sobre la base de que la empresa renuncie temporalmente a la localización original. Todo ello no tiene nada de ilegal y más que una intervención política podría terminar siendo una manera inteligente de resolver un vacío jurídico, a menos que la nueva localización no ingrese al Seia ni se haga cargo correctamente de los impactos ambientales del proyecto.
Pero la Concertación no sólo no incluyó la evaluación de alternativas de localización en el Seia y el ordenamiento territorial en su propuesta de reforma ambiental, pudiendo haberlo hecho como lo recomendaron latamente expertos y lo demandaron una y otra vez los ciudadanos. Por el contrario, el gobierno de Bachelet se prestó a un acuerdo de última hora con la derecha para impedir que otros dos aspectos centrales del proyecto de ley original vieran la luz: el reemplazo de las Coremas por organismos de perfil más técnico y, por tanto, menos vulnerables a las presiones políticas, y la inclusión de mecanismos de participación ciudadana resolutivos en la evaluación ambiental estratégica de políticas, planes y programas. Este último mecanismo podría haber contribuido a corregir la incompatibilidad entre actividades productivas y áreas protegidas.
Si los dirigentes de la Concertación tienen la intención de corregir estos errores y sumarse de forma responsable a la demanda ciudadana por una protección ambiental más efectiva, lo primero que deben hacer es una auto-crítica de su propia gestión en el manejo de conflictos y desastres ambientales, y en el diseño y gestión de la institucionalidad ambiental. Porque debieran haber sido ellos y no Piñera los que propusieran las medidas para evitar en el futuro la aprobación de proyectos que podrían contaminar áreas protegidas como los Santuarios del Río Cruces o de Punta de Choros. De lo contrario, las protestas callejeras de los dirigentes concertacionistas suenan a oportunismo vacío.
Pero hay algo más de fondo que no huele bien en la manera con que los políticos de la Concertación han actuado en este caso. Parecen haber olvidado su responsabilidad en otros episodios. Porque, como declaró en el 2007 el ex ministro, Eduardo Dockendorff, el factor que más pesó para que el gobierno de Lagos no decretara el cierre definitivo de la planta de Celco-Arauco fue “el precedente (que) podría tener sobre la gobernabilidad a futuro. Porque si la movilización ciudadana hubiera logrado que el gobierno le quitara la licencia ambiental a la fábrica, era probable que otros grupos se hubiesen entusiasmado con prácticas similares. Hubiéramos tenido un efecto dominó”. Lo de Lagos en ese caso fue cálculo político, mezquino y duro. Por ello, el riesgo que ha tomado Piñera al responder de la forma que lo hizo podría inaugurar, como señaló Sara Larraín, una nueva etapa en la relación entre Gobierno y ciudadanos en cuestiones ambientales al entregar la señal, primero, de que la palabra empeñada por un Presidente tiene valor, y segundo, de que la movilización ciudadana también. Es hora de que la gestión ambiental de la Concertación igualmente pase a una nueva etapa y deje de una vez por todas sus mezquinos cálculos políticos en el pasado.
Domingo 29 de agosto de 2010
Por Claudia Sepúlveda
Socióloga (U de Chile), Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente (PUC)
