Lo peor de 2008: 2° lugar de Chile en alza de emisiones de CO2

Con 8 proyectos termoeléctricos en trámite ambiental, el país se encamina a incrementar las 12 ciudades que hoy están en la categoría de "zona saturada" de contaminación atmosférica.

Programa Chile Sustentable, a través de su directora Sara Larrain, dio a conocer hoy su balance ambiental de 2008, en el cual destacó los aspectos positivos, negativos y pendientes en el área.

Lo peor

1) El aumento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), que este año, según la Agencia Internacional de Energía y el Fondo Monetario Internacional (FMI), posicionaron a Chile en el 2° lugar mundial, detrás de China. “A pesar de esto, las empresas han presentado 8 proyectos térmicos a carbón por más de 5 mil MW, lo que, sumado a los 2.201 MW en construcción, significara aumentar los impactos sobre la salud y la agricultura, y empeorar la situación ambiental de Chile, que ya registra 12 ciudades saturadas de material particulado”.

2) La destrucción de glaciares que provocaron las mineras: La división andina de Codelco, Minera Los Pelambres y Anglo American destruyeron, según la Universidad de Waterloo (Canadá), 38 millones de metros cúbicos de glaciares en la zona centro-norte. “Estas empresas actúan con irresponsabilidad y arriesgan el abastecimiento de la población, la agricultura y los ecosistemas. El gobierno, a su vez, rehúsa legislar para proteger estas reservas de agua dulce, y cede a las presiones del sector minero”.

3) La aprobación de proyectos empresariales en áreas protegidas: La aprobación de Corema de Los Lagos de la central de la empresa Hidroaustral en el Parque Nacional Puyehue. “Está área está protegida por la Ley de Bosques, vigente desde 1931, y la Convención de Washington de 1940, ratificada por Chile en 1967, que prohíben cualquier explotación con fines comerciales de su riqueza natural. Para autorizar estos trabajos, según ambos cuerpos legales, el Congreso debe desafectar el área una ley. Pero el gobierno violo el estado de derecho”.

4) La propuesta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de expandir nuevamente la Región Metropolitana en 10 mil hectáreas. “La actualización del Plan de Descontaminación de Santiago y no enfrenta este problema estructural. El gobierno cedió nuevamente a la presión inmobiliaria, al reflotar los mismos argumentos que usó la administración de Lagos para aprobar la expansión de 90 mil hectáreas”.

5) La decisión del gobierno de destinar platas públicas a estudios nucleares y adjudicar $ 160 millones en 2008. Esta decisión, motivó en abril de 2008 que el movimiento ambientalista diera por desahuciado el Acuerdo de Chagual, pacto sellado con Bachelet durante la época de campaña de 2005.

6) La no aplicación, por parte de la Corema Aysén, del artículo 24 de la Ley de Bases del Medio Ambiente al Estudio de Impacto Ambiental de Hidroaysén. “Esto ignora a los servicios que impugnaban dicha iniciativa (1/3 de los 36 servicios, que recomendaron su rechazo). Al iniciar el mecanismo de las adendas, el Estado subsidia al proyecto y no permite la participación ciudadana”.

Lo mejor

1) La carta pastoral "Danos hoy el agua de cada día", de la Iglesia Católica chilena, que “sigue los lineamientos expresados por el Papa Benedicto XVI, quien ha integrado la protección del ambiente en la doctrina de la iglesia. La carta elaborada por el obispo de Aysén, Luis Infanti, nos llama a reflexionar sobre los fundamentos éticos que deben guiar el uso de los recursos naturales de la tierra. Es un gran acierto”.

2) La promulgación de la Ley de Promoción de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), que fija las condiciones para atraer inversiones a energías limpias y obliga que desde 2010 un 5% de la electricidad provenga de estas tecnologías. Cuota que deberá aumentar en 0,5% anual a partir de 2015, para llegar a 10 % en 2024.

3) El envío al Parlamento del proyecto de ley que crea el Ministerio de Medioambiente y la Superintendencia de Fiscalización Ambiental. “Esta promesa de la presidenta Bachelet es un gran paso, que sin duda logrará mejorar los temas pendientes de la institucionalidad ambiental, a 10 años de operación. También dará mayor sustento técnico a las decisiones ambientales y mejorará el desempeño del área más atrasada en la política pública nacional”.

4) El anuncio del gobierno de invertir US$ 400 millones para promover las ERNC y la eficiencia energética: “El fondo de garantía para exploración geotérmica; el subsidio para asociatividad en construcción de líneas de transmisión que permitan inyectar esta energía a la red; el fondo de capital de riesgo para proyectos de eficiencia energética y franquicia tributaria para instalar colectores solares en nuevas viviendas sociales. Estas propuestas son un notable aporte”.

5) El estudio de la Universidad de Chile y la Universidad Técnica Federico Santa María, que demostró que las energías renovables y la eficiencia energética son las mejores opciones para limpiar, diversificar y dar seguridad a la matriz eléctrica, y con precios estables. “Dicha investigación estudio estableció que, con el precio actual o uno mayor de la energía, Chile podría abastecer con dichas opciones, en forma competitiva, 53,6% de la demanda del Sistema Interconectado Central en el año 2025, y evitaría así la construcción de 10 mil MW y la emisión de 22 millones de toneladas de CO2”.

6) La publicación del Plan de Acción del gobierno frente al Cambio Climático. “Aunque nada espectacular, es un logro tras varios años de firma de la Convención. Este Plan ayuda a transparentar al interior del gobierno y frente a la ciudadanía los compromisos de acción asumidos por Chile para adaptarse a dicho fenómeno y lograr mayor sinergia de la política publica”.

Lo pendiente

1) El atraso en la formulación de la norma para regular el material particulado fino (PM2.5) y en la prohibición del uso de leña en la zona urbana de Santiago, tercera fuente más contaminante después de industrias y camiones, según datos de 2005.

2) La nula reacción del Ministerio de Agricultura ante la contaminación de transgénicos detectada por el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) en las comunas de Placilla, Santa Cruz y Chimbarongo, en la Región de O’Higgins. “El gobierno debe evaluar la extensión de esta contaminación, controlar el daño causado, ratificar el Protocolo de Bioseguridad y establecer obligación de estudio de Impacto ambiental para los cultivos de especies modificadas genéticamente”.