Lo peor de 2007 en materia ambiental son los cuatro derrames de seis millones de litros de relave de la Minera Los Pelambres al río Cuncumén, en la Región de Coquimbo; los dos vertidos de licor negro de la planta de celulosa Celco Licancel en el río Mataquito, en la Región del Maule; y el vertido de 500 mil litros de petróleo de ENAP en la bahía de San Vicente, en la Región del Biobío. Es inaceptable que nuestro país permita ventajas competitivas basadas en la externalización de los costos socioambientales.También lo es que Chile destaque hoy como el país que más ha aumentado sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) en América Latina. Según la Agencia Internacional de Energía y el Fondo Monetario Internacional, es el país occidental con mayor crecimiento de emisiones desde 1990; en 2004 duplicó la tasa media de emisiones de la región y cuadruplicó la mundial. Hoy, la emisión de CO2 crece a una tasa de 5% anual, lo que no ha tenido repercusión en las esferas públicas y empresariales.
Otro asunto criticable es la conformación de la mesa público-privada de seguimiento de la gestión ambiental, instancia que sólo consideró al empresariado industrial, y no al sector académico, a los empresarios agrícolas, al Ministerio de Agricultura y a las ONG ambientalistas y ciudadanas, lo que terminará nutriendo el desbalance entre proponentes y quienes resultan afectados por el impacto ambiental de emprendimientos productivos.
Entre lo peor del año debemos mencionar el permiso que dio el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para la fusión de Endesa y Colbún, que planifican construir megacentrales hidroeléctricas en ríos de la Patagonia. Si al final este consorcio logra imponer esta dañina iniciativa, el país asistirá a otro escándalo de concentración económica, porque este grupo podría controlar casi 90% del mercado eléctrico del Sistema Interconectado Central (SIC).
En este sentido, la crítica se dirige también contra el TDLC, que se acostumbró a decidir sobre la base de meras formalidades y sofismas que contradicen el espíritu de sus funciones.En el mismo plano energético, el informe Zanelli, dispuesto por la Presidenta Michelle Bachelet, representa un derroche de recursos públicos, porque la energía nuclear es peligrosa y cara. Si llega a desarrollarse en nuestro país, aumentará la dependencia energética y tecnológica, heredaremos a nuestros hijos los desechos radiactivos y mantendremos a la sociedad en riesgo permanente debido a que Chile es un país sísmico.
En este sentido, es preciso que la Presidenta encargue estudios del ciclo completo de todas las alternativas energéticas presentes, de modo de poder compararlas entre sí para determinar su balance energético, sus debilidades y ventajas para un desarrollo seguro y sustentable.
El permiso otorgado vía Declaración de Impacto Ambiental a una empresa del grupo Angelini para realizar prospecciones mineras en la Reserva Nacional Las Vicuñas, en la Región de Arica y Parinacota, constituye a su vez una grave ilegalidad, puesto que esta reserva, junto con el Parque Nacional Lauca y el Monumento Natural Salar de Surire, conforman una unidad como Reserva de la Biósfera otorgada por la Unesco, en 1981.
Por si fuera poco, al autorizar esta exploración minera se están violando convenios internacionales como los de la Diversidad Biológica, la Convención de Washington, la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural y el Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, además de no respetar apartados ambientales en el pacto comercial entre Chile y Canadá.
Previsiblemente, el fracaso del Plan Transantiago cierra este listado, porque su implementación ha significado un retroceso constante de la calidad y legitimidad del transporte público, mayor estrés de la población y sobre todo un grave aumento de venta de autos nuevos y usados, que empeoran la congestión y las emisiones contaminantes en la Región Metropolitana.
Fuente: Diario la nación, Chilesustentable
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